Desde una postura absolutamente respetuosa manifiesta las disidencias de "un grupo de profesores" con determinadas posturas de la iglesia referentes a la educación.
El grupo de Profesores cristianos de la escuela pública "comparte el espíritu y el contenido de la misma" y juzga "muy acertadas" las apreciaciones de los compañeros de Toledo.
Los abajo firmantes, profesores del
Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el Sabio de Toledo, ante la
visita del señor Arzobispo, le damos la bienvenida a este Centro
educativo en su condición de personaje público y cabeza visible de los
creyentes católicos toledanos, a la vez que queremos darle traslado de
esta carta abierta.
Nos consta que su visita a este Centro se hace en reconocimiento de nuestra colaboración en la campaña del mercadillo solidario
realizada en el mes de diciembre pasado, cuyos fondos fueron entregados
a Cáritas. Por tanto, agradeciendo la deferencia mostrada con su
visita, queremos aprovechar para reafirmarnos en los valores comunes. La
solidaridad es sin duda un valor compartido, patrimonio común, que
aproxima creencias, ideologías y culturas, valor en el que debemos
colaborar instituciones, organizaciones y organismos públicos y
privados. En ese aspecto, nos veremos caminando siempre de la mano.
Ahora bien, aprovechando la oportunidad que nos brinda con su visita, queremos transmitirle algunas consideraciones.
La educación pública constituye un
espacio de encuentro plural, es un vector de convergencia de distintas
sensibilidades, culturas y creencias; un patrimonio que no puede ser
conculcado ni mermado por las creencias, dogmas o sensibilidades
particulares.
Afortunadamente, en nuestra sociedad,
existen ámbitos para la fe, para el ocio, o para el desarrollo y
disfrute individual. La sociedad democrática ha sido capaz de generar
espacios donde la convivencia pacífica se ve enriquecida, merced a la
separación de lo privado en esferas aisladas, y espacios de sociabilidad
donde compartir los valores comunes. Esa es una de las razones de ser
de la educación pública y laica.
En ese sentido, desde los principios de
la laicidad y el rigor académico y profesional que definen la educación
pública, manifestamos una discrepancia sustancial: estamos en contra de
que se utilicen los Centros educativos públicos para desarrollar
creencias particulares. Desde el respeto más profundo a las diversas
convicciones de la fe, sobre las cuales la razón no debe entrar a
debatir, nos parece un desacierto la injerencia en sentido contrario.
Sin negar el derecho a difundir los principios de la verdad revelada,
nos parece que existen otros escenarios, sin duda más adecuados.
La confusión que supone ocupar el
horario y el espacio de la educación pública para la impartición de la
Doctrina Católica cuando menos es un error de las autoridades
académicas; sin embargo, es aceptado por la Iglesia Católica, con tal de
tener un momento y un lugar para impartir doctrina, aunque la
equiparación de la asignatura de Religión sea con No Cursa (la nada).
Transformar un centro educativo -templo del saber, la razón, la
creatividad- en un espacio para la catequización, supone una
contradicción esencial.
Por otra parte, esta situación -herencia
contaminada- puede constituir un abuso de posición dominante, en tanto
en cuanto deriva de una negociación preconstitucional con el poder
temporal del Vaticano, a través de la firma de un Concordato, que choca
frontalmente con los valores laicos de una sociedad aconfesional,
Concordato que está siendo cuestionado, tanto por determinados
colectivos católicos como por organizaciones ciudadanas.
La realidad de la España plural se
dibuja en nuestros centros, en los que escolarizamos alumnado con
diversidad de culturas y religiones. La respuesta educativa no puede ser
la impartición de las religiones que profesen cada uno de nuestros
alumnos. Ello conduciría a un multiconfesionalismo, lo que contraría a
nuestra Carta Magna. La aconfesionalidad de la que han hecho dejación
tanto nuestros gobernantes como la Iglesia Católica debe tener una
oportunidad.
La laicidad, nuestro punto de partida,
ni es ni puede ser entendida como un ataque a ninguna creencia, sino
como la solución democrática a la diversidad de creencias y religiones;
es el triunfo de la convivencia sobre la base del respeto y las
libertades individuales. Por ello, consideramos que la enseñanza de la
Religión en los Centros públicos contradice el conocido pasaje del
evangelio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Para ese cometido, la Iglesia Católica dispone de sus templos y
parroquias. A mayor abundamiento, la Iglesia cuenta con el privilegio de
recibir fondos públicos para el mantenimiento de los centros educativos
concertados. Retomando la cita evangélica, que se materializa en los
tiempos modernos en la separación Iglesia-Estado, no es admisible que se
sufrague la enseñanza de la asignatura con cargo al erario público.
Aún reconociendo la valía personal de
todos los profesores que imparten la asignatura de Religión,
consideramos una irregularidad el sistema establecido para su provisión y
nombramiento, porque se conculcan con él los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es un despropósito que
mientras el profesorado interino del resto de las materias está
ordenado en las listas por criterios objetivos consensuados, los de
Religión lo sean por el dedo del Ordinario Diocesano, potestad ésta que
sería comprensible si se tratara de una actividad extracadémica, que es
lo que se propone.
La historia nos muestra los errores
cometidos en el pasado, errores que perjudican tanto a la laicidad del
Estado, como a la propia dimensión pastoral de la Iglesia Católica. Al
Estado, en tanto que hace dejación de su papel neutral, al segregar a
los alumnos en función de sus creencias. A la institución que
representa, porque la pervierte en su esencia evangélica. La inclusión
de la asignatura en la red pública educativa la condiciona y la arrastra
hacia intereses y actuaciones temporales que no son los
puramente evangélicos. Se ve abocada a la condición de empleador
público, con la tentación de actuar como un grupo de presión, al calor
de los fondos públicos. Esperamos y deseamos que también el
adoctrinamiento en la fe católica se realice libre y voluntariamente en
el horario y espacios propios, sin tener que hacerlo compitiendo con la
educación pública.
Por mera cuestión de higiene moral,
sería razonable una revisión de la situación actual. Evitaría, de una
parte, convertir la laicidad, en laicismo, ateísmo o incluso en
anticlericalismo. De otra, salvaría a la fe católica del integrismo, y
de una posible confrontación con otras confesiones y creencias. Por todo
ello, sabedores de su actitud dialogante y receptiva, nos permitimos
sugerirle, con los mejores propósitos, que, en su condición de
Arzobispo, contribuya a dar una solución digna, razonable y evangélica a
este despropósito, heredado del nacionalcatolicismo preconstitucional. Y
ambos, Iglesia y Estado ganarían en autenticidad y dignidad.
Deseándole el mejor ejercicio de su
labor pastoral, y esperando coincidir en los valores universales, reciba
nuestro más cordial saludo.
En Toledo, a 2 de marzo de 2012.
Grupo de profesores del IES Alfonso X El Sabio.
